La gran oportunidad

Abstract: Esperamos que la calamidad que azota actualmente a la humanidad, determine algunas lecciones útiles para los dirigentes de las instituciones multilaterales como ONU, OEA, UE, OMS, OPS y, obviamente, para los rectores de políticas públicas de salud, que deben asumir su liderazgo aprovechando recursos y mandatos, en busca de un equilibrio entre los países ricos y poderosos y aquellos en vía de desarrollo o emergentes, demostrando que aún conservan un mínimo “sentido humanitario”, tan olvidado y desdeñado hoy en día, pero aún, siendo simplemente pragmáticos  deben entender que la  singular capacidad de mutación del covid-19 implica que nadie estará a salvo hasta que no alcancemos la inmunidad total y se proscriba el riesgo de contagio. En efecto, buena parte de los dirigentes del mundo desarrollado, lamentablemente, han desconocido esta verdad, y han acaparado tempranamente volúmenes de vacunas superiores a sus necesidades.

La miopía y avaricia que caracteriza a los grandes empresarios de nuestros países ven una nueva oportunidad de negocio, sin reparar en el infortunio de la mayoría de sus clientes, que son los garantes de la sustentabilidad de sus lucrativas empresas a través de la adquisición de sus bienes y servicios. A propósito, respondiendo a sus insistentes solicitudes de colaboración, deberán poner al servicio de las autoridades de sus respectivos países,  su poderoso andamiaje técnico, financiero y logístico para atender la emergencia, más allá de sus disfraces de falsa filantropía, que le suelen generar pingues resultados derivadas de la gratuita publicidad a sus organizaciones, acogidas por medios de comunicación en calidad de noticia y, obviamente, renunciando a las exenciones, incentivos y ventajas que otorgan las frecuentes e inoportunas reformas tributarias, justificadas con la falacia que los rotula como agentes exclusivos en la “generación de empleo”. Por obvias razones, las amplias brechas que separan a los más poderosos de los más vulnerables (el 1% tiene lo que el 99% necesita), en América Latina y el Caribe, serán sin duda, más profundas después de la epidemia.

Tanto académicos, como funcionarios, proveedores, contratistas, dirigentes cívicos y empresariales, y, en fin, todos los ciudadanos nos preguntamos: ¿en qué se gastan nuestros impuestos?; ¿quién y cómo se vigila la asignación y el uso de los mismos?; ¿qué hacen los organismos de control?; ¿dónde están los responsables? ¿por qué observamos diariamente tantas obras inconclusas o elefantes blancos?; y otras muchas improvisadas e innecesarias consultorías propias del cargo oficial que se suelen delegar en amigos y familiares no calificados, tales como: reformas administrativas que no lograron sus propósitos; sistemas de información que quedaron obsoletos antes de estrenarse; y gran número de conspicuas investigaciones que no superaron la etapa de exploración. ¿Por qué

fracasan los proyectos? En fin, el índice de reveses de proyectos en el mundo asciende a una cifra cercana al 40%, y eso en países de mayor tradición en la aplicación de tecnologías y herramientas propias de la gestión de proyectos. Total, es preciso encontrar las razones que expliquen esa situación deplorable. Habrá que buscarlas en el recorrido de la “cadena de valor” del llamado “ciclo del proyecto” (preinversión, inversión, operación y evaluación expost), pues en cada eslabón por falta de pericia, pero, principalmente, por la siniestra y lucrativa costumbre de algunos implicados de burlar y quebrantar impunemente los preceptos de contratación legalmente establecidas.

Con el fin de contextualizar el propósito de esta reflexión es preciso clarificar ciertas expresiones, más allá de su connotación semántica, que faciliten la entrada operativa al concepto de “proyecto de inversión pública”. La expresión inversión un tanto difuso en la definición de los economistas cobra especial importancia en la búsqueda de bienestar y desarrollo por parte de los dirigentes y en favor de las comunidades. Cabe anotar que los dineros recaudados a través de los impuestos o los derivados de la enajenación de bienes del Estado o los que se logran mediante créditos originados en entes nacionales o agencias internacionales, alcanzan tan solo un lánguido 20% orientados hacia la inversión, en América Latina, el resto se gasta en el funcionamiento de los aparatos estatales, incluyendo, desde luego, el pago de la deuda.

De hecho, los administradores públicos (llámense alcaldes, gobernadores, funcionarios), tan pródigos en ofertas en condición de candidatos, tienen la obligación de desplegar toda su “voluntad política”, para la construcción de acueductos, alcantarillados, distritos de riego, generación de energía limpia, infraestructura social en salud, educación, movilidad, ciencia y tecnología, recreación o cultura, etc., utilizando procedimientos trasparentes en el recaudo de impuestos y en su aplicación en proyectos, para alcanzar metas satisfactorias de desarrollo y mejorar la calidad de vida de sus comunidades. Quizá si los funcionarios encargados cumplieran cabalmente sus obligaciones no sería necesario tantas y tan frecuentes enmiendas fiscales, pues los recursos se estiman suficientes, pero en el camino del recaudo y su aplicación en inversiones de interés social, se pierden buena cantidad por causa de la ineficiencia y la corrupción.

Podríamos confeccionar un glosario de términos recogidos del lenguaje de moda que sin duda se asocian a la deleznable percepción de corrupción. En efecto, “la puerta giratoria” que permite a altos funcionarios responsables de definir y orientar las políticas públicas, aceptar por anticipado sin condiciones las atractivas ofertas laborales futuras de grandes empresas y transnacionales (tan cargadas de capital y tan escasas de escrúpulos), para ejecutar al amaño de estos, como nuevos dirigentes privados, las políticas que antes defendía con singular firmeza en calidad de empleados públicos. El “lobismo” o “cabildeo” como actividad de acercamiento a los nichos de poder para hacer prevalecer los beneficios de algunas corporaciones, conspirando en contra de los intereses de la Nación y sus asociados. Otro personaje nefasto que transita con solvencia por los corredores de los organismos del Estado son precisamente los llamados “comisionistas de éxito”, que no son otra cosa que zánganos, de diferente origen político, cuya tarea no es facilitar dentro de las reglas de juego establecidas la gestión de los proyectos públicos, sino acomodar sus viles intenciones a intereses fraudulentos e ilegítimos y llenar sus bolsillos en una labor estéril que no aporta nada de valor. No se precisa ninguna formación o calificación, basta con ser hermano, pariente, amigo o relacionado de algún personaje influyente (parlamentario, magistrado, oficial de jerarquía, alto funcionario, o muchos otros que en el pasado ocuparon posiciones equivalentes), para buscar contactos e información privilegiada en las reuniones sociales, cocteles y almuerzos, mimetizados en disfraces o ropajes autodefinidos de “ciudadanos eméritos”. Los “precios predatorios” que se imponen ante la competencia sana, muy por debajo de los reales con el fin de ganar licitaciones y luego recuperarlos modificando los contratos mediante espurios “OtroSis”, que terminan en procesos contenciosos que hábilmente vencen en desigual controversia a los agentes del Estado. Esto determina, a propósito, que las grandes compañías de ingeniería privilegien en sus nóminas a equipos jurídicos fuertes e intermediarios lobistas bien remunerados, sobre la capacidad de su plataforma técnica y operativa. Por otro lado, el famoso CVY (¿cómo voy yo?) que utilizan empleados o espontáneos intermediarios en busca de “coimas” o “mordidas”, no es otra cosa que el trámite irregular que tiene que pagar un profesional para que le adjudiquen un contrato ganado en franca lid, dinero que en la mayoría de los casos alimenta las arcas de los padrinos de funcionarios, en perjuicio, obviamente, de la calidad de los resultados obtenidos.

Quizá todos estos vocablos tan frecuentes en el argot de la administración pública, han abierto el camino de obscenas formas de relación entre los entes privados y públicos. Estamos claramente ante hechos de corrupción galopante, y tenemos la obligación no solamente de descubrir las causas sino buscar medidas y procedimientos que mejoren los métodos de contratación. Quizá, la acelerada cooptación del poder político por parte del poder económico, sea en buena medida la causa de tal situación que lamentamos. Por ejemplo, es una tradición en la región que los representantes del poder corporativo, nacional o internacional, apoyen las candidaturas más opcionadas, que después cobran con notable finura y sagacidad, en contratos y burocracia.

A pesar de la incontrolable expansión del espectro nocivo de la corrupción, se esperan nuevas formas y costumbres de contratación pública a partir de la reproducción y puesta en vigencia de “valores de antaño” (de los abuelos), que hagan parte de la formación y especialización de nuestros profesionales, que blinde al sistema de los perversos y tétricos “carruseles”. Quizá el mejor mecanismo para lograr proscribir la corrupción es la sólida formación de los involucrados, que no necesitan de herramientas distintas a su reconocida capacidad profesional, técnica y ética.

Es importante mirar la inversión pública como la mejor herramienta para afianzar el bienestar de las comunidades y apalancar su desarrollo, y entender la responsabilidad de quien oficia como “gestor de proyectos”, respaldado por notables cualidades técnicas y éticas, reiteramos, que diferente a los lobistas, comisionistas de éxito, la utilización de precios predatorios, la puerta giratoria o el CVY ya mencionados, y ajenos sin duda, a los atractivos por la cual transitan perversa y simultáneamente los privilegios privados en mengua del interés público.

A manera de conclusión, sin duda surge entonces la gran oportunidad que le brinda la pandemia al gran empresariado latinoamericano y del caribe, de poner en marcha  una táctica moderna de mediano plazo con el ingrediente generoso de la solidaridad, y decidir, no en busca de un gran negocio, hoy, ganando dinero, sino repartiendo beneficios, apoyando al respectivo gobierno en su plan, poniendo a su servicio en forma gratuita toda su capacidad tecnológica y logístico para apresurar el objetivo deseado, apostando no solamente a la salud pública, sino también a la recuperación económica, que seguramente redundará en el crecimiento de su propio patrimonio.